Los denunciantes que, por el momento, quieren permanecer en el anonimato antes de la celebración del juicio, consideran que dicho proceso, y siempre según sus palabras, atentaría contra los derechos fundamentales recogidos en la constitución, contra los principios básicos de acceso a la función pública, contra el estatuto básico del empleado básico y contra el tercer convenio de puertos del estado y autoridades portuarias.
Es por ello que dichos empleados y opositores que, actualmente, están a la espera de que se desenvuelvan las acciones legales correspondientes ya iniciadas, quieren que se impugne las pruebas selectivas correspondientes al sistema de concurso de valoración de méritos en el puesto de Jefe de División de Sistemas Telemáticos e Innovación, y el sistema de correspondiente al concurso-oposición para dos puestos de Policía Portuaria por considerarlos, presuntamente, fraude de ley.