El secretario general de Industria de Comisiones Obreras, Víctor Ledo, lamenta que la situación vaya empeorando, tras decidir Endesa la paralización de la inversión en la reconversión de dos grupos generadores de los cuatro existentes, por lo que el 50 por ciento de la capacidad de producción de esta planta quedará eliminado.
De tal modo, Ledo pide a Endesa que paralice cualquier tipo de decisión que lleve implícito la destrucción de empleo.
Actualmente hay unos 250 empleados en la fábrica, a los que se suman otros 250 de auxiliares, 150 transportistas y 150 suministradores, cuyos trabajos penden de un hilo.
A este respecto, llama a la Xunta y al Gobierno central a que sienten a Endesa en una mesa y digan lo que tiene previsto, si van a renunciar a lo de alargar la vida útil hasta 2035 o hacer un cierre de facto.
De tal forma, los trabajadores demandan, tanto a la Xunta como al Estado, qué planes van a tener y cómo van a hacer para doblarle el pulso a una empresa que está tomando decisiones sin tener en cuenta a los trabajadores y vecinos.
Por su parte, Alberto Amado, de CIG-Industria, remarca que el anuncio de paralización de obras de la segunda fase de adaptación es preocupante, lo que puede tener una situación continuada en el tiempo.
Así, carga contra la actitud del Ministerio de Transición Ecológica, por no tmar las medidas para que el proceso de descarbonización se haga de una forma ordenada y en un tiempo razonable.
El presidente socialista de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha criticado al Ministerio de Transición Ecológica y ha pedido que pare el sinsentido de que Endesa quiera invertir 220 millones euros para adaptarse a la normativa de la UE, y se le trate igual que una central que decidió no apostar por el cumplimiento.
También requiere a la Xunta que se ponga a trabajar, por tener que ejercer su representatividad ante la Administración del Estado.
Remarca que tiene competencias en materia de autorizaciones, lo que es clave para el futuro de sustitución del carbón en la planta.
El presidente de la Diputación finalizó explicando que hay 650 familias que dependen de esta central, así como seis comarcas y el puerto exterior de Ferrol.
Por todo ello, pide que se sienten en una mesa todas las partes implicadas para buscar una alternativa de funcionamiento en la sustitución del carbón, por otras energías más renovables.