Conde avanzó que el Gobierno gallego llegó a un acuerdo en lo referido al protocolo, una vez que el Ejecutivo central aceptó incluir el ayuntamiento de Ferrol en la delimitación de esta zona de transición justa, algo que se venía reclamando desde hace tiempo debido al impacto en el puerto.
Tal y como explicó, en la reunión se evaluaron las ayudas que se van a centralizar desde el Gobierno central a través del Instituto para la Transición Justa. Es el caso de las que están dirigidas a financiar proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en los ayuntamientos, como puede ser la rehabilitación de edificios públicos para nuevos usos sociales o apoyo al emprendimiento, recuperación de espacios naturales o puesta en valor del patrimonio. En total se invertirán 91 M€. Estas ayudas están destinadas a los 14 ayuntamientos y también a la Diputación, mancomunidades, comarcas, consorcios locales y agrupaciones de municipios.