Dicha empresa mantiene que desde su llegada al gobierno municipal en 2019, los socialistas comenzaron presuntamente a fraccionar los contratos mayores, adjudicándolos como contratos menores. El objetivo, según los denunciantes, es el de esquivar la normativa de contratos públicos para beneficiar a determinadas empresas de forma fraudulenta en perjuicio de otras. La Ley 9 de Contratos del Sector Público establece esta cuantía máxima en 15.000€, sin contabilizar IVA. De no superar dicha cantidad, el gobierno municipal “evitaría presuntamente el procedimiento abierto, para “controlar” a quien se contrata y a quien no
En la documentación aportada al Juzgado destacan entre otras muchas la contratación de la instalación y producción de la carpa de Navidad de 2021 instalada en Plaza de Armas para la que realizaron 17 contratos menores por un importe total de 177.839€ más IVA, presuntamente para no realizar un expediente de contratación abierta con publicidad que permite participar a cualquier empresa que cumpla los requisitos del pliego de condiciones de contratación y que es el procedimiento al que obliga la ley de contratación en contratos públicos por importes superiores a 15.000€. También se destaca verano de 2022, se celebran SEIS CONTRATOS MENORES, el mismo día, con la misma empresa, con los mismos importes, y para el mismo evento por un importen total de más de 35.000€.
Muchas de las facturas presentadas por las empresas contratadas directamente por la Concejalia de Antonio Golpe, no habían sido abonadas en principio por las advertencias al pago de las mismas por parte de la Intervención Municipal al apreciar que eran derivadas de un fraccionamiento de contrato y por tanto los servicios facturados estaban contratados al margen de la legalidad vigente, pero es El Alcalde Angel Mato quien a pesar de las reiteradas avisos de ilegalidad por fraccionamiento del contrato por parte de La Intervención Municipal, levantó reiteradamente el reparo de intervención y obligó a pagar las facturas, con lo que permite la consolidación de la praxis de fraccionar los contratos y puede seguir, presuntamente, controlando de este modo a quién se contrata y a quién no, cita esta denuncia
También se indica en la denuncia que se da la circunstancia de que gran parte de las empresas adjudicatarias de estos contratos menores son las mismas durante la legislatura y se encuentran vinculadas entre ellas mediante los mismos socios y/o administradores.
Por lo que el Juzgado de Ferrol ha determinado que tras examinar los hechos que resultan de las actuaciones, presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, , por lo que solicita al Ayuntamiento de Ferrol que remita copia compulsada de los expedientes íntegros de los contratos menores de servicios celebrados desde 2019, además de que le remita copia compulsada de los informes de Intervención que se hubiesen emitido en relación con el abono de las facturas por dichos contratos, así como las resoluciones adoptadas para la aprobación del pago y el levantamiento por parte del Alcalde de los reparos que en su caso se hubiesen acordado por la Intervención Municipal.
La juez, para seguir adelante con el caso, quiere saber si estas formas de contratación supusieron un cambio respecto a los procesos anteriores del Ayuntamiento en estas materias. Igualmente, quiere que el Ayuntamiento le informe de quién o qué órgano municipal decidió llevar a cabo esta forma de contratación y con qué argumentos se decidió fraccionar los contratos municipales.