La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha desvinculado la ampliación que Navantia prevé ejecutar en sus astilleros de Ferrol, en A Coruña, del proyecto de 4.325 millones de euros aprobado por el Gobierno en diciembre para la construcción de cinco fragatas F-110, al considerar el primero una iniciativa de una empresa pública vinculada a la SEPI y, por ello, dependiente del Ministerio de Hacienda, y obedecer el segundo a un interés de la defensa nacional.
En una comparecencia en el Congreso a petición propia y a petición también del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la ministra ha descartado que la construcción del Astillero 4.0 sea "clave" para la ejecución con éxito de las cinco fragatas F-110, como, por el contrario, considera el grupo de Unidos Podemos.
Así, Robles ha afirmado "respetar" el proyecto de ampliación, ya que conllevará una mejora de la competitividad de la compañía, pero se ha desvinculado del mismo, ya que a Defensa "ni le corresponde, ni entra dentro de sus competencias, ni lo financia".
No obstante, ha indicado que si Navantia considera que el Astillero 4.0 supone una aceleración de la construcción de las fragatas y de sus trámites, la empresa de la SEPI contará con el apoyo de su departamento, siempre que no suponga una "ayuda institucional".
De esta forma, pese a que los terrenos donde se asentaría la ampliación están declarados de interés para la defensa nacional, Robles ha descartado que se vayan a adscribir a la defensa nacional, porque Navantia también podría llevar a cabo la construcción de embarcaciones privadas, algo que no estaría vinculado a la defensa nacional.
Sin embargo, la diputada de En Marea Yolanda Díaz, además de asegurar que Navantia no está autorizada para construir embarcaciones privadas en Ferrol, ha sembrado dudas sobre la viabilidad de la construcción del Astillero 4.0, ya que para acometer el proyecto sería necesario que Defensa lo adscribiese a la defensa nacional para poder dar los permisos necesarios medioambientales.
Por ello, según Díaz, salvo que se lleve a cabo "prevaricación", la única manera es que Defensa adscriba el terreno a la defensa nacional, ya que, si no, se tendría que trasladar al procedimiento ordinario, sustanciándose a un proyecto industrial por la Xunta de Galicia, algo inviable.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Francisco Javier Cano, cree que nada de esto sería un problema para acometer la construcción de las fragatas, pero sí duda de la financiación y de que un proyecto "de esta envergadura" no esté incluido dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
El diputado del PP Juan Manuel Juncal también ha negado que la construcción del Astillero 4.0 tenga que ver con el proyecto de las fragatas en términos legales y ha acusado al resto de ponentes de "mezclar churras con merinas", aunque sí ha recalcado que los técnicos cifran en casi 630 millones la rebaja en el presupuesto de la construcción de las fragatas en el caso de que el nuevo astillero esté terminado, debido a su mayor eficiencia.
Juncal ha avanzado que su grupo parlamentario presentará una proposición no de ley (PNL) con el fin de que Defensa se convierta en órgano sustantivo del dique donde se prevé llevar a cabo la ampliación del astillero de Ferrol, mediante una mutación demanial.
Este paso sería "clave", según el diputado del PP, para que se ejecute la declaración medioambiental y, por consiguiente, para la creación del Astillero 4.0. Para Juncal, se trata de una simple concesión de Defensa a Navantia para que pueda hacer las obras pertinentes y queden "en beneficio de la sociedad".
Pese a todas las consideraciones realizadas por todos los partidos políticos, la ministra ha querido transmitir un mensaje "claro y contundente", afirmando que el proyecto se va a llevar a cabo y va a suponer más de 8.000 puestos de trabajo para la comarca, además del "importante" retorno para el conjunto de la economía española.
El objetivo del proyecto, según Robles, es modernizar a las Fuerzas Armadas españolas, y más en concreto a la Armada, que dispondrá de estas nuevas cinco fragatas a finales de 2029 o de 2030, siendo la primera de ellas entregada a finales de 2025 o principios de 2026.
Está previsto que en abril se firme la orden de ejecución y que el contrato se firme con Navantia en mayo. Por último, la ministra ha pedido que todas las fuerzas políticas "trabajen en positivo", sin que este proyecto se utilice "de forma partidista".
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