La CIG se movilizó esta mañana en las siete ciudadesy Vilagarcía para llevar a las calles a demanda de un Sistema Público Gallego de Servicios de Atención a las Personas en el que estén todos integrados para garantizar la calidad asistencial y dignificar las condiciones laborales. En Ferrol, la concentración tuvo lugar junto al edificio administrativo de la Xunta.

La pandemia sacó a la luz las deficiencias asistenciales y la precariedad laboral en las Residencias de la Tercera Edad, Centros de Día, Centros de Atención a la Diversidad o Servicios de Ayuda en el Hogar, entre otros. Servicios que el gobierno del PP en la Xunta viene desmantelando y privatizando para hacer de ellos un nuevo negocio a costa de las personas más vulnerables, afirma el sindicato.

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Carmen Viso, GIG Ferrol

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 Por eso la central sindical puso en marcha una campaña de recogida de firmas, que entra ya en la recta final, para llevar al Parlamento de Galicia, por Iniciativa Popular, esta demanda. “La crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 puso más de manifiesto que nunca la necesidad de poner los cuidados en la prioridad de las políticas públicas, y por tanto, la urgencia de inversión pública en servicios de atención a las personas”, explicó el secretario general de la CIG, Paulo Carril.

Carril subrayó además como se evidenció “la debilidad de los servicios públicos de atención social y de cuidados”. Como ejemplo puso los servicios de ayuda en el hogar o las residencias de la tercera edad y de personas con discapacidad donde, dijo, “son manifiestas las carencias de personal y material, falta de protocolos homogéneos de funcionamiento en estos centros, los abusos patronales y los importante niveles de explotación laboral existentes”.

Para la CIG, los servicios públicos son la única garantía para una atención digna a las personas de edad y a las personas dependientes o con diversidad funcional. Por eso demanda que las competencias en la atención a las personas vulnerables, ya sea por edad, por su discapacidad o dependencia, sean asumidas directamente por la Administración Pública Gallega.