Las partes mostraron su preocupación por el último informe emitido por el Gobierno central en este sentido -sobre el plan especial de Cambados- que cuestiona la presencia en terrenos portuarios de actividades tradicionalmente permitidas como la acuicultura o la depuración de productos del mar así como de otras edificaciones como plazas de abastos, centros de salud o colegios.
La titular de Mar denunció que este informe parece un nuevo ataque al complejo mar-industria de Galicia pues parece invadir competencias de la comunidad, algo que calificó de totalmente inaceptable y desleal. La representante de la Xunta incidió en que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo del Estado generan inseguridad jurídica en el sector dado que hacen una interpretación restrictiva de la normativa vigente sobre las zonas portuarias a pesar de que no hubo ningún cambio normativo en los últimos años.
La representante del Ejecutivo gallego -que estuvo acompañada por las secretarias generales técnicas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Carmen Bouso, y del Mar, Silvia Cortiñas, así como por la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas- lamentó que la actuación del Gobierno del Estado en este caso ve en la línea del ataque continuado e injustificado iniciado hace varios años por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico contra Galicia y su complejo mar-industria.
En este sentido, la titular de Mar alertó a los representantes del sector de que parece que Costas del Estado avanza en su intención de retirar del litoral buena parte de las edificaciones asentadas en él, ya no solo en el dominio público marítimo-terrestre natural sino también en el portuario.
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