El Parlamento de Galicia aprobó hoy la proposición no de ley del Grupo Popular, con el voto en contra del PSdeG, a través de la que se reclama al Gobierno central que resuelva la situación del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Ferrol, cubriendo de manera inmediata los puestos vacantes existentes, dotando puestos de trabajo fijos para reducir la contratación temporal, y acometiendo las reformas precisas para renovar las infraestructuras y medios técnicos. |
La diputada popular Rosalía López explicó que el CAMF de Ferrol, con una capacidad para 110 plazas residenciales y 10 plazas de día, responde a la necesidad de impulsar la calidad de los servicios sociales para atender a las personas en situación de dependencia y sus familias, brindando apoyo al movimiento asociativo de este colectivo. Este centro presta una atención directa, de carácter especializado e integral a las personas con discapacidad física y en situación de dependencia, con servicios en régimen de internado o de atención diurna, desde un enfoque socio-sanitario y de asistencia, debiendo contar para lo eres con un amplio equipo multidisciplinar con experiencia en las distintas áreas de intervención.
Sin embargo, Rosalía López lamentó que “el personal está bajo mínimos, ya que 25 de los 168 puestos de la plantilla están vacantes y, en lugar de cubrirlos con interinos, se está haciendo frente al problema con contratos eventuales entre 1 y 6 meses y contratos de menos de 15 días, llegando a realizarse más de mil contratos en un año”. Delante de esta situación, dijo que “los trabajadores insisten en que los contratos eventuales soy solo parches, abogando por cubrir las vacantes con trabajadores interinos a la espera de que se resuelvan los distintos procesos selectivos para adjudicar esas plazas”.
Asimismo, indicó que “las infraestructuras de este centro tienen más de 30 años y en todo este tiempo no se acometió reforma integral alguna que había adaptado la instalación al que tendría que ser un centro adaptado a las actuales exigencias necesarias para un servicio tan especializado, a adaptarlo a los nuevos estándares de confort y eficiencia energética en los que las administraciones públicas debería ser ejemplares”.
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