La CIG pide  reactivar la carrera profesional y frenar la pérdida de poder adquisitivo del personal. Y advierten que, en caso de que la Dirección de la AEAT no cumpla los acuerdos y compromisos adquiridos y se siente negociar, llevarán adelante diversas medidas de presión

La Confederación Intersindical Gallega (CIG), acaba  de interponer un conflicto colectivo delante de la Dirección General de la Agencia Tributaria (AEAT),  coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, persigue negociar el desarrollo y la ejecución del acuerdo de carrera, aprobado en el año 2007 y sin aplicar. En este sentido, se demanda aplicar sucesivamente la carrera horizontal, implantar la carrera vertical, impulsar la promoción interna y combinar el trabajo a distancia con el acuerdo de movilidad para acercar el funcionariado gallego al país.

Buscan la  a negociación de un nuevo convenio colectivo para el personal laboral de la AEAT y la negociación de los criterios de reparto de las bolsas de productividad dado que, actualmente, el sistema implantado por la Dirección de la AEAT beneficia al colectivo de inspectores/as de Hacienda sobre la mayoría del personal de la Agencia Tributaria.

Además, la representación de la CIG demanda también mejoras de las condiciones laborales para el Servicio de Vigilancia Aduanera, catalogándolo como profesión de riesgo y reforzando los medios materiales y humanos de este.

La CIG denuncia que el personal que trabaja en las administraciones públicas sufrió una pérdida de poder adquisitivo de un 18,77% nos últimos trece años. Censura que el Gobierno de PSOE y Sumar pretenda suplir medidas destinadas a reducir este deterioro -como la aplicación del acuerdo de carrera- con pagos de productividad. Por eso, con la interposición del conflicto, la CIG y el resto de sindicatos pretenden poner de manifiesto a precarización de las condiciones de trabajo en la AEAT y adelantan que, en caso de que la Dirección no cumpla los acuerdos y compromisos adquiridos y se siente negociar, se llevarán adelante diversas medidas de presión que van desde contactos con los grupos parlamentares a la realización de concentraciones, manifestaciones o cierres en dependencias, sin descartar la convocatoria de huelga mismo durante la campaña de renta.