El titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó hoy que Galicia se mantendrá en máxima restricción, para consolidar la mejoría alcanzada en las últimas semanas y preparar una apertura gradual y con la máxima seguridad. “El acuerdo de este comité clínico es mantener Galicia en restricción máxima con el objetivo de afianzar y ampliar la mejoría de las últimas semanas”, abundó, destacando la puesta en marcha de 6 aperturas graduales.

Así, y durante su comparecencia para informar de las medidas acordadas por el comité clínico, se refirió, en primer lugar, al campo de la formación, precisando que las clases presenciales en enseñanzas especiales -conservatorios de música y danza, escuelas de idiomas...- se retomarán el próximo lunes 22 de febrero, “excepto para la práctica de instrumentos de viento y de cuanto que los expertos piden aplazar de momento”, matizó. Por otra parte, destacó que las clases presenciales en la universidad volverán el lunes 1 de marzo, con el objetivo de emplear la próxima semana para hacer un acribillado a los universitarios.

Asimismo, subrayó que a partir del miércoles el comercio recuperará su horario, y lo hará con las mismas condiciones que están consolidadas desde que comenzó la pandemia, es decir, con un aforo del 50 por ciento. Si bien, se mantendrá el cierre de los centros comerciales en fin de semana.

En lo tocante a la práctica deportiva, el presidente de la Xunta explicó que al deporte individual al aire libre que ya estaba permitido, se añaden dos novedades: la reapertura de las instalaciones deportivas al aire libre para la práctica deportiva individual; y se retoma, también, la competición federada autonómica.

Hace falta destacar, además, la apertura del interior de los restaurantes de las estaciones de servicio en las vías de altas prestaciones, para que los transportistas -acreditando su condición con la tarjeta profesional- puedan comer de manera individual.

Por último, Feijóo anunció que se volverá a permitir la actividad cultural con las siguientes limitaciones: se retomará la actividad en bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones y otros equipamientos culturales, con un 30% de capacidad máxima permitida; y también se retomarán las actividades en cines, teatros y auditorios, con la misma limitación de aforo.

El Ayuntamiento y la Xunta acordaron esta mañana los próximos pasos que van a dar respeto de la candidatura de Ferrol a patrimonio mundial. La reunión telemática en la que participaron el alcalde, Ángel Mato; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la concejal de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, y la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, sirvió, además de para de estrechar la colaboración entre ambas Administraciones, para programar la primera reunión de carácter técnico en la que se va a poner en común la revisión del expediente.

En ella está previsto que participen, además de la edil y de la directora general, el personal tanto de la administración local como de la autonómica que trabaja directamente en la iniciativa.

Mato le agradeció al conselleiro “su compromiso con este proyecto”, tal y como el responsable autonómico ya había mostrado en su primera visita oficial al Ayuntamiento, hace justo un año. Recordó, además, la coincidencia de puntos de vista entre las dos administraciones “para llevar hacia delante esta candidatura”.

 Por otra parte, el regidor precisó que el Ministerio de Defensa debe tener también un papel destacado en el proyecto, como propietario de muchos de los bienes que forman parte del expediente, y confió en que el trabajo conjunto dé como resultado que la candidatura de Ferrol se incorpore “a la mayor brevedad” a los proyectos que desde España se puedan trasladar a la Unesco. Para la concejal, el hecho de haber concretado la reunión técnica constituye “un avance muy importante”, que da continuidad “al marco de colaboración que se estableció a principio del mandato” entre el Ayuntamiento y la Xunta. Martínez Montero confió también en que se logre articular una candidatura “fuerte y consensuada por doquier implicadas”, ya que va a ser “una candidatura de Galicia, pero también del Estado.

Tras 17 días de encierro de representantes de los sindicatos firmantes del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, UGT, CCOO y CIG, se ha alcanzado un principio de acuerdo que desbloquea su aplicación efectiva.

Los sindicatos explican que como resultado de la política de austeridad de los distintos gobiernos de este país, mantenida durante más de diez años de una forma implacable, los trabajadores y trabajadoras del sistema portuario de titularidad estatal han sufrido la constante pérdida de derechos laborales, a pesar de los multimillonarios beneficios del sector.

 En 2019 la Empresa y la representación social (UGT, CCOO y CIG) firmaron el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, que se publicó en el BOE el 15 de junio de 2019.

Tras numerosos intentos por parte de los sindicatos firmantes del Convenio para desbloquear la situación, circunstancia que quedó constatada en numerosas actas de Comisión Paritaria, el conflicto era inminente.

La representación de Puertos del Estado, a pesar de haber enviado diversas comunicaciones a la Secretaría de Estado de Hacienda y haber solicitado las autorizaciones de abono de las cantidades económicas pendientes a la CECIR, tanto de lo acordado en el III Convenio Colectivo, como el incremento salarial del 2,3% determinado para el 2020 para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, no obtuvo resultado positivo durante más de año y medio.

En este contexto, el día 26 de enero de 2021, tras producirse una reunión en la sede del Organismo Público Puertos del Estado entre la representación social y empresarial, sin vislumbrarse una salida al conflicto, se inició un encierro indefinido y las movilizaciones de los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CIG, por la dignidad del conjunto de trabajadores

Desde los sindicatos aseguran que han sido 17 días muy duros, de intensos contactos políticos al más alto nivel. Finalmente, este jueves, el duro trabajo ha tenido su recompensa, al comunicar el presidente de Puertos del Estado a los sindicatos UGT, CCOO y CIG, que “está en disposición de asumir el compromiso de dar cumplimiento al desarrollo del III Convenio Colectivo según lo acordado conforme a lo tratado con los citados ministerios, incluyendo las subidas salariales establecidas en las normativas presupuestarias”.

Así, los sindicatos firmantes del convenio manifiestan la suspensión provisional de las movilizaciones emprendidas, sin perjuicio de que, se reservan la posibilidad de reactivar las acciones emprendidas, en el caso de que no se produzca la concreción práctica de lo acordado en el espacio temporal solicitado por Puertos del Estado, es decir el 24 de marzo de 2021.

La Diputación de A Coruña publica hoy en el BOP la resolución de concesión de las ayudas del programa PIEL-Ayuntamientos, que en la anualidad 2021 destinará el doble de fondos con respeto a las convocatorias de los años anteriores, llegando a los 6 millones de euros en ayudas para la contratación de personal para la ejecución de obras y servicios municipales de los 82 ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, anunció que con estos fondos “los ayuntamientos crearán este año un total de 593 empleos en un contexto socioecomómico especialmente difícil, marcado por las consecuencias de la pandemia del Covid-19.”

De ahí que, entre las tareas a prestar por el personal contratado, se incluyan este año dos adicionales relacionadas con las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia, que son las de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o especial y las tareas de protección de la salubridad pública.

González Formoso subrayó el "carácter social" de un programa que prima la contratación de las personas pertenecientes a aquellos colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo y remarcó que el personal contratado contribuirá a mejorar los servicios públicos de los municipios.

 El presidente sostuvo que la creación de empleo y la protección social de los colectivos más desfavorecidos son los dos objetivos principales del Gobierno provincial en este 2021, con el objetivo de "contribuir a la reactivación económica sin dejar a nadie atrás".

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó hoy la aprobación, en el Consello de la Xunta, del segundo Plan de rescate, dotado con 75 millones de euros y bajo la previsión de abrir la próxima semana el plazo de solicitudes.

Las ayudas del segundo plan de rescate son compatibles y acumulables con las del primero, en virtud del cual se abonaron más de 33.000 ayudas en tiempo récord, por un importe de 69 millones de euros. “Todas las ayudas que cumplieron los requisitos fueron pagadas”, incidió el presidente gallego.

En esta línea, como ejemplo, precisó que el 60% de esta cantidad fue destinada a las ayudas solicitadas por el sector de la hostelería, en concreto, 38,8 millones de euros. De este modo, Feijóo resaltó que un negocio o establecimiento que se beneficie del primero y del segundo Plan de rescate podría percibir un mínimo de 3.400 euros hasta un máximo de 24.200 euros).

Estas ayudas se conceden por establecimiento, no por persona afectada, lo que permitirá que una persona con varios negocios pueda acceder a la cantidad correspondiente en cada uno de ellos.

El presidente de la Xunta incidió en que también se tendrán en cuenta las necesidades de otras actividades obligadas a cerrar como pueden ser los gimnasios o parques de ocio infantil. Así habrá cuatro líneas diferentes, todas compatibles entre sí, dirigidas a personas trabajadoras autónomas, microempresas, hostelería y otras actividades cerradas desde enero.

Más al por menor, y dentro de la primera línea, Feijóo destacó un programa para ayudar a las personas trabajadoras autónomas, a lo que se destinarán 30 millones de euros, con apoyos de entre 1.200 y 3.000 euros. El segundo programa dentro de esta línea, dotado con otros 30 millones, estará dirigido a microempresas y el apoyo económico irá de 4.000 a 9.000 euros.

Feijóo también destacó la puesta en marcha de un programa para la hostelería, del que podrán beneficiarse: autónomos, microempresas o pymes del sector, que se vean afectados por el cierre conforme a la normativa dictada por las autoridades sanitarias, pudiendo recibir desde 1.900 a 3.700 euros.

En lo tocante al programa destinado aa otras actividades cerradas, el presidente de la Xunta aseveró que podrán acogerse a él los trabajadores autónomos, microempresas o pymes que desarrollen una actividad que se vea afectada por. En el caso de esta línea, las ayudas estarán entre 1.900 y 3.700 euros.

A lo largo de su intervención, Feijóo insistió en que todas estas líneas de apoyos serán compatibles. Al respeto y como ejemplo explicó que en el caso de un establecimiento de hostelería con una caída de facturación de por lo menos el 70% y con un número de empleados entre 21 y 25, podría percibir hasta 15.700 euros.

La diputada nacional Tristana Moraleja avanzó hoy en una rueda de prensa en Ferrol las iniciativas que el Grupo Popular debatirá en el Congreso para defender los intereses de la comarca de Ferrolterra.

El PP presentará una batería de iniciativas para solicitar carga de trabajo para el naval. Van a demandar que el Gobierno contrate un barco a Navantia Ferrol que dote de carga de trabajo al astillero mientras no se inician los trabajos de la primera de las F-110, unas fragatas cuya construcción se gestó durante el mandato popular consignando 252 millones de euros en los presupuestos del 2018 y tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno se paralizó. El PP demandará también un calendario de plazos previstos para el corte de chapa y planificación de los trabajos de construcción de las F-110.

La popular recordó las diferentes iniciativas llevadas al Congreso en el 2020 solicitando carga de trabajo para el naval como la construcción de un barco o las enmiendas por valor de 36 millones de euros presentadas a los Presupuestos Generales del Estado y que fueron rechazadas por el gobierno de Pedro Sánchez.

Señaló que tampoco avanza la transformación del astillero 4.0. Así, explicó que no hay licencia municipal para el taller de subbloques, no hay financiación ni voluntad para construir un dique.

Moraleja confirmó que el miércoles que viene los diputados y senadores del Grupo Popular se entrevistarán con los comités de empresa de Navantia Ferrol Fene para darles a conocer estas iniciativas, así como el apoyo a la huelga comarcal del próximo 10 de marzo.

El presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que acompañó a Moraleja ante los medios, insistió en que nos encontramos en una situación límite, agravada por la pandemia sanitaria a la que se unen los últimos datos del paro que indican que su crecimiento en Ferrol es mucho más elevado que en el resto de ciudades de Galicia. La causa principal son 2.000 despidos en el naval en el último año, a lo que se pueden sumar otros 1.000 operarios más este año si no se arregla esta gravísima situación, advirtió el popular. Así agradeció a la diputada nacional Tristana Moraleja, y en nombre del Grupo Popular en el Congreso, las iniciativas que hoy presentó y que recogen las demandas de esta comarca.

Iván Rivas, portavoz municipal del BNG en Ferrol, compareció hoy en rueda de prensa junto al presidente de la asociación vecinal de Brión, José Oreona, para explicar que desde hace semanas los vecinos y vecinos de esta parroquia llevan padeciendo ruidos, vibraciones y molestias de contaminación acústica derivadas de la ejecución de las obras del túnel de acceso al puerto exterior y para demandar la Autoridad Portuaria que cese de manera inmediata la ejecución de estas obras, por lo menos en horario.

 Asimismo piden que el ayuntamiento de Ferrol desarrolle las labores de inspección y control que tiene encomendadas en el término municipal para garantizar que se cumplen con los criterios establecidos en la normativa.

A ritmo de cacerolada y silbatos, los hosteleros y autónomos se manifestaron en el mediodía de hoy por las calles de Ferrol en defensa de sus derechos y reivindicando que se ponga situación a la grave crisis que están viviendo derivada de las medidas adoptadas respecto a la pandemia del covid-19. Creen que son un sector que está pagando injustamente los platos rotos del los gobiernos.

Durante la marcha, se hizo una recogida de alimentos para la Cocina Económica de Ferrol, que atiende a las personas más vulnerables y cuya labor fue elogiada por los manifestantes.

El Ayuntamiento de Ferrol va a reforzar los programas sociales en Recimil con la puesta en marcha de un programa de intervención sociocomunitaria y la realización de un mapa de recursos del barrio, al igual que sucedió en Caranza. La concejal de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, explicó hace unos días que a pesar de que la exclusión social está desparramada por todo el municipio, lo cierto es que “el barrio de Recimil es una de las zonas de Ferrol en las que existe un mayor número de familias en esta situación de vulnerabilidad”, por lo que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando en "diferentes medidas y acciones dirigidas no solo a poder atender de forma rápida y diligencia las numerosas necesidades que tiene el barrio, sino también a buscar iniciativas que perduren en el tiempo".

Pese a los esfuerzos del gobierno de Mato, por ahora los vecinos de este histórico barrio ferrolano tienen una larga lista de demandas. Y aunque afirman que la policía sí vigila, se sienten indefensos y piden más seguridad.

El Parlamento de Galicia aprobó hoy por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Popular a través de la que se demanda a la empresa Siemens- Gamesa que suspenda el ERE de la planta de As Somozas y acepte la formación de una mesa de trabajo conjunta con el Gobierno de España, la Xunta y la representación de los trabajadores de la empresa. El objetivo de esta será encontrar soluciones que garanticen el futuro de la planta.

También, se pide a la Xunta y al Gobierno central que utilicen todos los mecanismos a su disposición para lograr que Siemens- Gamesa mantenga esta planta, apostando por su modernización y por la implantación de nuevos proyectos industriales que garanticen la carga de trabajo.

El viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, mostró el respaldo del PP a los trabajadores afectados por la decisión de Siemens- Gamesa. Dijo que compartían su preocupación y que harían todo lo posible para ayudar en su lucha por continuar trabajando.

En su intervención, Tellado, calificó de “deslocalización inadmisible” la decisión de la empresa de cerrar todas sus fábricas en España para trasladarlas a otros países buscando una fiscalidad y unos costes laborales más reducidos. De este modo, criticó al Gobierno central por su política de transición ecológica que “abandona la industria tradicional, cierra las centrales térmicas 20 años antes y permite que una planta de palas eólicas cierre sin solución de continuidad.

Por su parte, los socialistas de As Somozas proponen la puesta en marcha urgente de una mesa de trabajo con la presencia de la Xunta y de las empresas adjudicatarias de parques eólicos en Galicia para garantizar la viabilidad y el empleo en la planta de Siemens- Gamesa.

 Los socialistas ponen de ejemplo lo que pasa en Francia, “donde el gobierno exige a las empresas que instalan parques eólicos que fabriquen los aerogeneradores en el país”, y consideran que “sería inasumible que una empresa obtuviera la concesión de un parque en Galicia y fabricara las palas en Portugal”. “La planta de As Somozas es competitiva y el personal tiene una capacitación muy alta”, afirman los socialistas. ,